Corte Constitucional vs CPCCS

La Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expedida el pasado miércoles 9 de mayo de 2018, en la que por seis votos contra uno decidió evaluar a los miembros de la Corte Constitucional (con la posibilidad de cesarlos), ha creado una polémica relacionada con las atribuciones y competencias emanadas de los resultados de la pasada Consulta Popular del 4 de febrero de 2018.

Según unos sectores la evaluación a la Corte Constitucional no les compete; y según otros, dicha evaluación (y posible cese) es legal y legítima.

Trataremos en esta ocasión, de divulgar cada una de las normas del Derecho Positivo que podrían sustentar cada una de estas posiciones.

La Constitución de 2008 transformó radicalmente las funciones de nominación de autoridades:

 

Arquitectura del Estado 2008

Con el Anexo 3 del Referéndum, para el CPCCS transitorio se aprobó dos potestades supra constitucionales: La de evaluar a los funcionarios y la posibilidad de cesarlos en sus funciones, lo que en efecto ha sucedido.

¿A cuales funcionarios? A los que el cesado CPCCS designó.

¿A quiénes designó?

A los que define el Art 208 de la Constitución:

  • Procurador y Superintendentes por ternas.
  • Fiscal, Contralor, Defensor Público y Defensor del Pueblo, por concurso y selección.
  • Miembros del Consejo Nacional Electoral, miembros del Consejo de la Judicatura y miembros Tribunal Contencioso electoral, por concurso y selección.

No se menciona en este artículo a la Corte Constitucional.

Además, según el Art. 431 de la Constitución, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Solo pueden ser destituidos por los 2/3 de la propia Corte Constitucional.

Sin embargo, el Art. 434 de la Constitución establece que los miembros de la Corte Constitucional son designados por una Comisión Calificadora, integrada por:

Dos delegados de la Función Ejecutiva

Dos delegados de la Función Legislativa, y

Dos delegados de la Función de Transparencia.

Ellos proponen los nombres de los candidatos a Jueces Constitucionales, quienes son sometidos a concurso público, veeduría e impugnación.

El Art. 178 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional regula el proceso por fases:

  1. Integración de la Comisión Calificadora.
  2. Convocatoria.
  3. Concurso.
  4. Impugnación.
  5. Comparecencia oral y
  6. Designación.

El Art. 179.3 de la LOGJCC establece que los miembros de la Comisión Calificadora se posesionarán ante la máxima autoridad de la Función de Transparencia y Control Social en el término de cinco días desde su designación, e inmediatamente iniciará el proceso de selección de juezas y jueces.

El Art. 180.3 de la LOGJCC establece que las Funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social deberán presentar, cada una, nueve candidatas o candidatos alternados, de fuera de su seno, a la Comisión Calificadora

Luego del concurso, el Art. 183 de la LOGJCC establece que la Comisión Calificadora elaborará una lista con los puntajes obtenidos por cada candidata o candidato y designará a los tres que hubieren obtenido las puntuaciones más altas como juezas y jueces de la Corte Constitucional.

A modo de conclusión, la controversia estaría centrada en el alcance del texto de la pregunta del referéndum: Que el CPCCS que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos.

Lo que va quedando claro de acuerdo con la normativa vigente, es que el CPCCS participó -como uno de los tres actores- en el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, y que la Comisión Calificadora actuó bajo su tutoría.

Ver articulado completo y Anexo 3

 

 

Leonardo Hernández Walker, MBA, MPA

2 comentarios en “Corte Constitucional vs CPCCS

  1. Cisco

    El anexo 3, establece de manera muy clara la limitación de entidades que el CPCCS de transición podrá evaluar, como bien lo mencionó usted (art. 208 CP), no constando así la Corte Constitucional.

    Por otro lado, no se puede realizar un análisis de alcance del anexo 3, por cuanto esto le compete a la Corte Constitucional y obvio estos no van a colocarse la soga al cuello.

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