La Cuarta Instancia: “legalismo ético”

 

A modo de capítulo final de una trilogía bloguera que comenzó con “Esquizofrenia Judicial”, y siguió con “La Entelequia de la Seguridad Jurídica”, esta vez nos hemos planteado analizar cuantitativamente las resoluciones de los recursos extraordinarios de protección por parte de la Corte Constitucional, que de facto se están convirtiendo en una virtual cuarta instancia.

La acción extraordinaria de protección establecida en el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, constituye una garantía jurisdiccional creada para proteger los derechos constitucionales de las personas en contra de cualquier vulneración de  derechos que se produzca mediante actos jurisdiccionales. Así, esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto de los derechos constitucionales y el debido proceso, y tiene como fin proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que por acción u omisión, sean vulnerados o afectados en las decisiones judiciales (autos y sentencias firmes).

A partir del 1de julio de 2016, la Corte Constitucional comenzó a publicar quincenalmente sendos “boletines de jurisprudencia”, con las resoluciones que resuelven las acciones extraordinarias de protección. Hasta el 1 de agosto de 2017, esto es, en 13,5 meses, la Corte Constitucional ha publicado 27 boletines de jurisprudencia,  que contienen un total de 426 recursos extraordinarios de protección resueltos.

Las materias objeto del recurso son múltiples, desde peculado hasta contravenciones de tránsito, incluyendo cobros de dinero, impugnación de actos administrativos, injurias, uso indebido de marcas, alimentos, atentados al pudor, etc.; en donde se observa sin embargo, que las materias más recurridas son las laborales.

De estas 426 resoluciones, en el 58% (es decir 247 casos) el recurso extraordinario de protección ha sido aceptado. El 42% (179 casos) ha sido negado. Esto significa que la Corte Constitucional -en ese período- ha procedido a anular 247 autos o sentencias producidos en el ámbito jurisdiccional por vulneración de derechos constitucionales.

Al examinar y compilar cada una de estas 426 resoluciones expedidas en el período señalado, encontramos que los actores  no reclaman la vulneración de un derecho en específico, sino que presentan “listados” de derechos vulnerados, llegándose al extremo de reclamar hasta 14 derechos vulnerados en un juicio por contravención de tránsito ¡!

Considerando que por cada acción se reclama más de un derecho, hemos tratado de encontrar cuales son aquellos derechos que los actores consideran mayormente vulnerados, cuantificando el número de veces que se repiten frente al total de casos resueltos:

  • DERECHO A LA SEGURIDAD JURIDICA:                                              256         (60%)
  • DERECHO A LA MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES:                 225         (52%)
  • DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA:                                  166         (39%)
  • DERECHO A LA DEFENSA:                                                                        68         (16%)
  • DERECHO A SER JUZGADO POR JUEZ IMPARCIAL:                             36         (8%)
  • DERECHO A LA IGUALDAD FORMAL Y MATERIAL:                            31         (7%)

No nos sorprende que en primer lugar se encuentre el derecho a la seguridad jurídica, y que le siga el derecho a la motivación de las resoluciones.

Con 30 años dedicados a registrar el fenómeno, hemos planteado precisa y reiteradamente (ver… La Entelequia de la Seguridad Jurídica) que la seguridad jurídica en el Ecuador del siglo XXI es una entelequia, y las cifras expuestas así lo corroboran.

El fenómeno fue advertido por Ernesto Bobbio en su Teoría General del Derecho, 2013, pag. 187, al analizar que el mayor problema de un sistema u ordenamiento jurídico de tipo legislativo son las antinomias (contradicciones entre las normas), ya que su sola existencia invalida su coherencia.

Ferrajoli, al analizar los ordenamientos jurídicos de tipo constitucional, en donde el sistema normativo posee dos o más niveles jerárquicos, nos plantea que además de la resolución horizontal de las antinomias entre leyes, las normas deben responder al nivel superior, esto es, a los derechos garantizados en la Constitución.

Ello lo ordena taxativamente la Constitución del Ecuador de 2008:

“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales.”

La resolución del problema no es simple:

Nuestro ordenamiento jurídico está compuesto de alrededor de 24 Mil cuerpos legales vigentes, que contienen cerca de 500 Mil normas individuales. Cada norma debería ser analizada y “adecuada” para primero eliminar las antinomias en el nivel legal; y enseguida validarla contra las decenas de derechos consagrados en la Constitución, para terminar su redacción siguiendo reglas lógicas en las estructuras gramaticales.

En el nivel legal las normas mandan, prohíben o permiten, y las antinomias se producen cuando ellas se contradicen. Una norma que permite se enfrenta a otra que prohíbe. Una norma que manda frente a otra que prohíbe. Una norma que manda frente a otra que permite. La solución en este punto es trivial: se elimina una de ellas o ambas.

Pero en el nivel constitucional el problema es diferente: se enfrentan decenas de derechos que pueden ser incompatibles, por ejemplo la libertad individual frente a la vida, la libertad de expresión frente  a la honra, la propiedad frente a la vivienda, o la no discriminación frente al matrimonio igualitario.

Luigi Ferrajoli en su Principia Iuris, 2007, sostiene que en los sistemas jurídicos de un solo nivel los intérpretes siempre pueden solucionar los defectos sistémicos internamente, mientras que en los sistemas articulados en diversos niveles (el caso de los “Estados Constitucionales”), las lagunas y las antinomias no son solucionables mediante interpretación: necesitan la intervención ab extra de las autoridades legislativas y jurisdiccionales competentes.

Bajo esta premisa, la Corte Constitucional tendrá que ampliar sustancialmente sus operaciones para poder cubrir la demanda, y colateralmente se tornará irrelevante la jurisprudencia de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia.

Las  Constituciones  posteriores a  la  segunda  guerra  mundial incorporan  catálogos  de  derechos  fundamentales  en  la parte material. De esta forma, el ordenamiento jurídico se impregna de contenidos, de instituciones éticas, políticas o morales, de principios de justicia (legalismo ético). Los derechos fundamentales, además, adquieren eficacia jurídica, ya que con la regulación del control de constitucionalidad de la ley que radica en órganos jurisdiccionales, toda norma o acto que los infrinja puede ser declarado nulo por dicho órgano. Surge así, el Estado Constitucional, cuyo eje central es la supremacía de la Constitución sobre la ley como fuente del Derecho.

Según el positivismo  jurídico  tradicional,  una  norma  válida  es  la  que  ha  sido dictada por el órgano competente de acuerdo al procedimiento debidamente establecido para  su  producción. Por lo tanto, la calificación de validez responde a parámetros empíricos formales vinculados con la generación o creación normativa, ajenos a criterios valorativos o de contenido.

Sin embargo, esta teoría resulta inadecuada y descontextualizada ante los modernos Estados Constitucionales de Derecho. Este proceso, considerado por muchos como un cambio de paradigma, incide en el test de validez de las normas. Ahora la norma válida no sólo debe superar el test de formalidad, sino que además debe superar otro test, el de sustancialidad, en virtud del cual el contenido de la norma en análisis no debe ser contradictorio con las normas constitucionales.

De todos modos, según Ferrajoli, las lagunas y las antinomias “verdaderas” solo son posibles en los sistemas jurídicos articulados en más de un nivel, ya que dichos defectos se originan en la falta de producción de una norma requerida por el nivel normativo superior, o en la producción de una norma en colisión con lo que dispone el nivel normativo superior.

Lo que de acuerdo con el Art. 84 de la Constitución significa: ¡Menudo trabajo para la Asamblea Legislativa ¡!!

 

Leonardo Hernández Walker, MBA, MPA

Gerente General

LEXIS S.A.

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