Seguridad jurídica: ¿entelequia, sofisma o falacia?

justice statue

En la actual coyuntura política escuchamos insistentemente la invocación a la seguridad jurídica como un elemento imprescindible para el desarrollo económico del Ecuador. Sin embargo, los actores políticos al referirse a la seguridad jurídica solamente reclaman “estabilidad” en el ordenamiento jurídico, básicamente en lo tributario y laboral.

En este corto espacio trataremos de profundizar un poco en el tema. Y como es nuestra costumbre, vamos a introducir indicadores cuantitativos que nos permitan “medir” algunas de las características del fenómeno.

Como en toda disciplina que aspira a ser ciencia, el Derecho no dispone de una axiomática capaz de cimentar su arquitectura conceptual. La “seguridad jurídica” es uno de esos conceptos ambiguos: Algunos lo interpretan como una cualidad del Ordenamiento Jurídico (DRAE). Otros como un Derecho Humano (Art. 82 de la Constitución Ecuatoriana de 2008). También se le considera como un valor inmanente al Derecho, sin carácter normativo; y otros lo califican como un principio o guía, susceptible de ser positivizado.

La disyuntiva acerca de si la seguridad jurídica es principio o es valor puede tener su importancia si hubiese entre valores y principios una distinción más o menos radical.

En síntesis, la discusión con respecto a si la seguridad jurídica es un valor tan solo inspirador de las normas positivas del ordenamiento, o si se trata de un principio que tiene materialización normativa, concluye en que si bien no existe un consenso en cuanto a su naturaleza, hay dos posiciones claras y mayoritarias frente a su posición en el ordenamiento jurídico: la primera le da un valor supremo y la segunda lo considera uno de los principios tutelares de este.

La importancia de la seguridad jurídica para la existencia y correcto funcionamiento de un Estado no puede soslayarse. Para algunos autores es de tal importancia, que la constituyen en razón fundamental para justificar la obediencia al derecho; para otros resulta esencial para la existencia misma del Estado de Derecho; mientras que otros más la consideran un principio que permea todos los demás principios del ordenamiento jurídico y les garantiza su existencia.

Cuando de un ordenamiento jurídico no se desprende la certeza de las normas y de su aplicación; o la previsibilidad de la actuación tanto del Estado como de los particulares, lo que resulta necesariamente es una situación en la cual predomina la inseguridad jurídica.

Existen DOS ELEMENTOS que, de una u otra manera, todos los autores consideran fundamentales para que pueda hablarse de la existencia de la seguridad jurídica:

EL PRIMERO

La disponibilidad de unas reglas de origen legítimo, claras y estables; que se apliquen a futuro; que sean divulgadas por un órgano oficial y por ende conocidas, de tal forma que todos los ciudadanos tengan claridad sobre cuáles son sus derechos y deberes.

EL SEGUNDO

Es la certeza en el cumplimiento y en la aplicación de las normas, de modo que las consecuencias en ellas establecidas tengan materialización en la realidad, otorgando un grado de seguridad en cuanto a la interpretación uniforme que jueces y tribunales darán a dichas normas; es decir, que ante situaciones de hecho similares se deben seguir pronunciamientos jurisdiccionales similares. Esto implica en última instancia, conseguir que la aplicación del Derecho sea algo previsible.

Vamos a analizar estos elementos y su relación con la realidad ecuatoriana.

  • Sobre las reglas de origen legítimo, claras, y su divulgación.

Al 30 de junio de 2017 existen en Ecuador exactamente 23.234 cuerpos legales vigentes que contienen actos normativos de obligatoriedad general, publicados en el órgano oficial de promulgación que es el Registro Oficial.

A la misma fecha existe un número indeterminado de cuerpos legales expedidos ilegalmente, aparentemente vigentes, no publicados en el Registro Oficial, que se publican en cientos de páginas web institucionales, impidiendo el conocer el universo normativo vigente.

En consecuencia, no disponemos de un elemento clave de la seguridad jurídica que es la divulgación oficial de normas legítimamente promulgadas, claras y vigentes para conocimiento de la ciudadanía.

  • Sobre las reglas “estables”

Se insiste en reclamar estabilidad de las normas como la panacea de la seguridad jurídica. Ello constituye un sofisma. Porque el derecho es dinámico, y la mencionada “estabilidad” implicaría “congelar” en el tiempo el ordenamiento jurídico.

Hoy vivimos la más importante  evolución histórica del derecho, especialmente en lo constitucional, civil, penal, tributario, laboral, mercantil, administrativo y procesal. Y ello demanda reformar continuamente sus contenidos para ajustarlos a la dinámica social.

Las cifras nos indican que en Ecuador tenemos altas tasas de reformas y derogatorias, que comprueban la dinámica del derecho, y una efectiva “volatilidad” de las normas frente a la supuesta “estabilidad”:

Actos normativos y administrativos

Año Promulgados Derogados y Reformados %
2001 3.192 1.410 44%
2002 4.719 2.527 54%
2003 3.784 1.480 39%
2004 4.985 2.380 48%
2005 4.550 2.589 57%
2006 5.453 1.417 26%
2007 6.376 1.494 23%
2008 7.667 1.802 24%
2009 9.381 2.001 21%
2010 6.714 1.755 26%
2011 6.529 2.069 32%
2012 8.495 2.620 31%
2013 7.406 2.553 34%
2014 7.200 1.266 18%
2015 8.026 1.025 13%
2016 8.082 743 9%

En 16 años se han promulgado sobre 100 Mil actos normativos y administrativos, y en el mismo período se han derogado y reformado más de 28 Mil. En cifras redondas, sobre el 28% del total de la normativa ha sido afectada.

Se podría sospechar que la alta tasa de afectación del total de la normativa se debe fundamentalmente a la movilidad de la legislación secundaria y los actos meramente administrativos, pero cuando realizamos el análisis solamente sobre los actos normativos de origen legislativo (exclusivamente leyes), nos encontramos con un fenómeno muy parecido:

Actos Legislativos

Año Promulgados Derogados y Reformados %
2001 50 36 72%
2002 81 51 63%
2003 60 37 62%
2004 80 40 50%
2005 161 125 78%
2006 90 62 69%
2007 65 40 62%
2008 88 40 45%
2009 87 63 72%
2010 654 36 6%
2011 639 26 4%
2012 188 15 8%
2013 32 8 25%
2014 111 20 18%
2015 68 7 10%
2016 102 4 4%

De un total de 2256 actos normativos de origen legislativo promulgados en los últimos 16 años, 610 se derogaron o reformaron en el mismo período, dando como resultado un porcentaje promedio del 24% de afectaciones en la legislación primaria.

Estos datos comprueban la alta movilidad de la normativa, en un contexto de transformación y evolución política, económica y social. Bajo estas condiciones es imposible “congelar” la normativa, ya que requiere de un ajuste continuo. Y, el tantas veces mencionado requerimiento de “estabilidad” como elemento crítico de la seguridad jurídica, es un sofisma.

  • Sobre la certeza en el cumplimiento, aplicación de las normas, y la previsibilidad.

La previsibilidad de las decisiones judiciales sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas es un elemento clave de la seguridad jurídica. Y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento jurídico de manera estable y consistente”. C-836 de 2001 – Corte Constitucional de Colombia

La certeza implica en última instancia, conseguir que la aplicación del Derecho sea algo previsible. Es decir, podríamos anticipar por ejemplo, los resultados de un litigio, la orientación de la respuesta de la autoridad ante un requerimiento ciudadano, o la efectiva ejecución del fallo.

Para conseguir esto se requeriría de la sistematización de precedentes, y la institucionalidad para hacerlos cumplir. En lo jurisdiccional se ha aplicado tibiamente la receta, mediante escasas resoluciones de triple reiteración de la Corte Nacional. En lo administrativo, cada funcionario o autoridad actúa discrecionalmente.

Sin embargo la certeza, como elemento de la seguridad jurídica, no se resuelve con jurisprudencia obligatoria, porque la jurisprudencia anterior al siglo XXI, generada a partir de textos legales hoy obsoletos, es  inservible.

Hasta la Constitución de 2008, los derechos y garantías constitucionales fueron simplemente declarativos e ineficaces. No se disponía  de la institucionalidad capaz de operativizar la tutela judicial efectiva. Los paradigmas del “imperio de la ley” y el “estado de derecho” delegaron a la legislación primaria y secundaria la escasa resolución de los conflictos relacionados con los derechos fundamentales.

A partir de la Constitución de 2008 se produce una inversión: Los derechos fundamentales son efectivamente  justiciables, y esta vez la legislación ha pasado a ser “papel mojado”. Por ello, toda la jurisprudencia producida en Ecuador antes del constitucionalismo inaugurado el 2008, es inservible.

La sentencia constitucional No. 131-15-SEP-CC el 2 de Junio de 2015 es la prueba de ello. La supremacía del derecho constitucional a la identidad, puso fuera de juego instituciones jurídicas consagradas en el ex Código de Procedimiento Civil, el COGEP, en Código Civil, Ley de Registro Civil, Ley de la Niñez y Adolescencia, etc., y como consecuencia, todos los precedentes jurisprudenciales fundados en ellas.

Actualmente, la absolución de un recurso extraordinario de protección puede desconocer los fallos jurisdiccionales, reformar la Ley, y anular la jurisprudencia; de modo que la “estabilidad”, la  “previsibilidad” y la “certeza” como elementos de la seguridad jurídica, no son más que entelequias.

Un gran problema que se nos presenta, es que el catálogo constitucional que contiene los “derechos fundamentales” no pasa de ser eso: un catálogo, en donde no se desarrolla con precisión y claridad el concepto, los alcances, y la jerarquía de cada derecho; dejando en las manos del juez constitucional su interpretación.

Sin importar lo que diga el texto de la Ley vigente, el juez constitucional puede ignorarlo, reformarlo, o derogarlo,  si a su juicio vulnera alguno de los derechos fundamentales. Ergo, la norma legal vigente ha quedado subordinada a la decisión del juez constitucional.

Conclusiones:

1) Los elementos constitutivos de la seguridad jurídica hoy, en Ecuador, son un deber ser. Que no es, y difícilmente será.

2) La inseguridad jurídica no es mas que un síntoma de un problema mucho mayor:

  • Por una parte la irregular difusión y conocimiento de los textos de más de 23 Mil cuerpos legales vigentes, que contienen sobre 500 Mil normas o reglas, que en su gran mayoría no han sido ajustados para resolver las antinomias con el texto constitucional vigente.
  • Y por otro lado, la utilización de un meta lenguaje asistemático, inconsistente y carente de precisión en la redacción de dichas reglas; combinado con una penosa estructuración de los contenidos.

Luigi Ferrajoli en su Principia Iuris (2007) nos plantea la necesidad de rediseñar el Derecho, partiendo de la formulación de un conjunto de axiomas que constituirán la cimentación de la normativa, eliminando la posibilidad de interpretación subjetiva de los textos y la consiguiente necesidad de consensos, que -supuestamente- dan previsibilidad y coherencia a las decisiones jurisdiccionales y administrativas.

Hoy se argumenta que la opinión mayoritaria de un grupo de jueces sobre una norma obscura y compleja, es la solución para ganar certeza y previsibilidad. Esto es una falacia. Lo que se debe hacer es simplificar la norma y hacerla clara.

El gran desafío para los juristas del siglo XXI, es que tendrán que desaprender el catecismo jurídico y la recitación de códigos.

El Derecho es un sistema lógico y por ende formalizable. Sin embargo carece de un método axiomático como instrumento de clarificación conceptual, elaboración sistemática y racional, y análisis crítico. La tarea es entonces el  diseño de un nuevo sistema normativo a partir de la producción de las reglas, incorporando el control lógico previo de los textos, para obtener normas racionales, coherentes, claras, precisas, y simples;  desechando de paso una inmensa cantidad de basura legal acumulada por siglos. ver:  Vamos a dibujar las leyes

 

Leonardo Hernández Walker, MBA, MPA

Gerente General

LEXIS S.A.

2 comentarios en “Seguridad jurídica: ¿entelequia, sofisma o falacia?

  1. Gustavo Salazar

    Excelente artículo. Lamentablemente vivimos en una inseguridad jurídica sistematizada y a quienes producen las normas parece que no les importa, quizá ni siquiera lo entienden.

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  2. Leonardo Hernandez Walker

    Nuestra tarea es precisamente esa: divulgar con sustento cuantitativo los fenómenos generadores de conflicto, para que ellos sean entendidos. Y que los responsables generen las acciones necesarias para resolverlos.

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