Transparencia y participación ciudadana: derechos fundamentales para avanzar en la construcción del desarrollo sostenible

 

La transparencia como un principio de la administración pública no puede entenderse sin la existencia de prácticas eficaces de acceso a la información, que a su vez facultan el ejercicio del derecho de participación ciudadana.

Su importancia cobra mayor fuerza con las recientes denuncias de diversos casos de corrupción en Ecuador de las que hemos sido testigos, producto de, entre otras cosas, un sistema que evade un compromiso real y una acción efectiva de transparencia a pesar de la existencia de un marco normativo, político e institucional que ha evolucionado en la última década y que incorpora avances en la garantías de derechos.

Resulta entonces paradójica la coexistencia de un marco constitucional y normativo que garantiza el acceso a la información pública –sea generada por entidades públicas, o por privadas que manejen fondos o realicen funciones públicas- y que considera a la participación ciudadana como un eje articulador de la gestión pública en todos los ámbitos, y una práctica cotidiana que no refleja la garantía y ejercicio pleno de estos derechos.

Esta contradicción entre la norma y las prácticas impide contar con un sistema democrático en el que las personas sean parte activa de la gestión de los asuntos públicos, ejerciendo su rol de corresponsabilidad ciudadana. Sin información oportuna, de calidad y en un lenguaje accesible no puede existir una participación ciudadana efectiva.

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, los derechos de participación ciudadana y de acceso a la información pública son fundamentales, y en esa medida estos derechos de acceso a la información y participación ciudadana, junto con el derecho de acceso a la justicia ambiental,  fueron reconocidos en 1992 en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Los retos de la sostenibilidad, especialmente sus dimensiones social y ambiental sólo podrán enfrentarse adecuadamente con la participación informada de todos los actores de una sociedad. La participación informada se traducirá en la vigencia de un sistema democrático vigoroso, caracterizado por la transparencia, la influencia de la opinión de las personas sobre las decisiones que les afectan y la posibilidad real de toda la sociedad de acceder a la justicia, especialmente en los asuntos ambientales.

Justamente por la importancia de estos derechos, 23 gobiernos de América Latina y el Caribe, se encuentran negociando un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Principio 10), que permita:

  • Fortalecer la democracia ambiental y la realización del derecho a vivir en un medio ambiente sano y sostenible.
  • Dar una respuesta contundente a la demanda de mayor igualdad, inclusión y participación ciudadana como un mecanismo de prevención y mitigación de la creciente conflictividad socio-ambiental en la región por la gestión de los recursos naturales y de los ecosistemas, requisitos básicos para la implementación efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entonces, si la meta es el ejercicio de una real democracia:

¿Cómo logramos transitar de una lógica de imposición de decisiones producto de una democracia representativa hacia una lógica de corresponsabilidad ciudadana en la que las decisiones se construyan de manera inclusiva, responsable y transparente?,  

¿Cómo logramos que el principio de participación ciudadana sea en la práctica la regla y no la excepción en los procesos de gestión pública?,

¿Cómo damos una voz al ciudadano común para ser actor de su propio desarrollo?

Las respuestas a estas inquietudes no son sencillas, pero deberían:

Contar con estándares ambiciosos:

Que determinen y faciliten que las políticas públicas, las regulaciones y la institucionalidad funcionen en la práctica de manera efectiva y eficaz para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia.

Romper la apatía:

De involucrarnos como ciudadanos en los asuntos públicos que afectan nuestras vidas. Dejar nuestra zona de confort, interesarnos y organizarnos desde nuestros espacios más cercanos (familia, amigos, compañeros de trabajo) para cambiar situaciones que nos afectan o tienen potencial de afectarnos. Con mayor razón si se trata de una afectación a un bien público, como lo es el ambiente.

Demandar información y rendición de cuentas:

Exigir que las autoridades tomen en cuenta nuestra opinión. Mientras más presión ejerzamos, la autoridad tomará más conciencia de la necesidad de respetar y garantizar nuestros derechos.

Mostrar coherencia en nuestro accionar cotidiano:

No podemos exigir algo que no estamos dispuestos a dar desde nuestros propios espacios individuales. Queremos que la autoridad sea transparente, pero no somos transparentes o tomamos decisiones sin consultar. No olvidemos que las prácticas individuales se reflejan en las prácticas colectivas de una sociedad.

Finalmente, la construcción de una sociedad transparente y participativa es un proceso en continua construcción y evolución en la que todos los actores de una sociedad tenemos la responsabilidad compartida desde nuestro propio rol individual y colectivo.

* AUTOR INVITADO:  Daniel Barragán – Director Ejecutivo, Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT)

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