¿Agonía de las Empresas Públicas?

crisis

En esta oportunidad trataremos de poner sobre el tapete a modo de pregunta, la permanencia de este tipo de organizaciones, observando su génesis y sus resultados.

La empresa pública autónoma -como modelo de estructura organizacional alternativo frente a la tradicional entidad pública jerarquizada- nace en un contexto político caracterizado por la implementación de un paradigma ideológico de “fortalecimiento de lo público” o “de recuperación del Estado”. Sin embargo, el principal objetivo del modelo -la provisión de servicios públicos de amplia cobertura, eficientes y de calidad- ha derivado en una indiscriminada intervención estatal en actividades ajenas a sus funciones.

En nuestra opinión, en la creación de las Empresas Públicas ecuatorianas se han mezclado erróneamente cinco conceptos, que producen una evidente desnaturalización de sus objetivos:

  • Sectores estratégicos
  • Recursos naturales
  • Servicios públicos monopólicos
  • Programas sociales
  • Intervención en los mercados

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Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo de las Compras Públicas

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Parafraseando al famoso “western” de los años 60, trataremos de calificar lo bueno, lo malo y lo feo de la gestión del SERCOP como entidad rectora de la contratación pública, con la intención de sugerir los cambios que, en nuestra opinión, dicha institución debería implementar.

LO BUENO:

  • El diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de una plataforma tecnológica que captura los datos y provee de  información cualitativa y cuantitativa de la totalidad de procesos de contratación pública, donde se incluye además la documentación detallada (digitalizada) de cada evento.
  • La incorporación de herramientas analíticas de inteligencia de negocios (SAP) que procesan la big data almacenada, permitiendo la consulta y generación de reportes especializados utilizando múltiples variables y filtros. Y superando los mitos y prejuicios, el haber decidido poner dichas herramientas de consulta a disposición de los usuarios internos y externos; lo que marca un hito y constituye un ejemplo a seguir para el resto de instituciones públicas que no logran superar el síndrome de la propiedad de “sus” datos.
  • El liderazgo regional en la utilización intensiva de tecnología informática, y la superación de los desafíos de conectividad entre las instituciones del sector público y con los proveedores, tarea que en otros países demoró el doble de tiempo en su implementación.
  • El éxito logrado en la muy difícil tarea de profesionalizar al personal operativo de las entidades públicas,  logrando la integración e interoperatividad en una única plataforma tecnológica, que es compartida por la totalidad de las entidades del sector público.
  • Un significativo ahorro para el Estado en los grandes procesos corporativos de compra de productos genéricos.

LO MALO:

  • La hiper regulación de las condiciones de negociación entre el Estado y los proveedores; que además de entorpecer los procesos, otorga privilegios a determinados proveedores, discriminándolos por territorio, por actividad, por tamaño, por ventas, etc., a través de políticas sustentadas en un paradigma que utiliza la contratación pública como elemento dinamizador de la producción nacional. Lo que es parcialmente cierto cuando el Estado coyunturalmente “rico”, se convierte en motor de la economía. En una situación de austeridad fiscal, dicho paradigma deja de tener validez.
  • La inacabada tarea de creación de un registro de proveedores vinculado a un catálogo unívoco de productos y servicios (al estilo de las partidas arancelarias). Actualmente, los  proveedores tienen plena libertad para categorizar en el RUP un mismo producto o servicio bajo diferentes partidas (CPC), para quedar estratégicamente invisibilizado frente a sus competidores. ¿Se puede comprar licencias de software bajo un requerimiento catalogado como activos intangibles no financieros?. ¿O puré de papas como hojuelas deshidratadas de tubérculos subterráneos?. Pues se lo hace recurrentemente, y no constituye infracción.
  • El uso erróneo del concepto de “normalización” para las compras dinámicas (catálogos y subasta inversa). La Ley, el Reglamento y las Resoluciones utilizan como equivalentes o sinónimos las tareas de: normalización, homologación, categorización, catalogación, o estandarización, lo que es obviamente falso.
  • La “normalización” obliga a tratar como “indiferenciados” a los productos y servicios, para forzar a que el precio sea el único factor de adjudicación. Si bien existe un bajo número de productos genéricos sustitutos, la inmensa mayoría de productos y servicios tienen diversos grados de diferenciación, que se reflejan en una objetiva, clara y directa relación entre la calidad y el precio.
  • El procedimiento de subasta inversa entrega erróneamente al comprador la potestad de declarar la “homologación” (requisito para un procedimiento dinámico) del bien o servicio a contratar , sin que para ello se utilicen estándares, evaluaciones, certificaciones o normas técnicas.
  • La práctica del menor esfuerzo ha hecho muy popular este procedimiento, porque es fácil, y supuestamente produce sustanciales ahorros al fisco. En los TDR se establecen especificaciones genéricas que cualquier proveedor puede cumplir; todos los oferentes aseguran cumplirlas; nadie las evalúa; gana el oferente de menor precio; se contrata a un valor inferior al presupuesto; y todos felices. Excepto aquellos que utilizan los productos o servicios, quienes deben soportar la baja calidad de la menor oferta. Lo que contradice la declaración “La mejor inversión para el Estado es comprar productos de calidad”
  • Una vez que se adjudicó por subasta inversa al proveedor de menor precio, el comprador queda imposibilitado de contratar con los otros posibles proveedores, porque queda atado presupuestariamente al precio mínimo que fijó la subasta. Aunque se constate la baja calidad de lo adquirido, en la siguiente compra volverá a ganar el mismo proveedor.

LO FEO:

  • En lugar de disponer de una normativa clara, sistemática, simplificada, fácil de entender y aplicar, la contratación pública se rige actualmente por tres cuerpos legales (Ley, Reglamento y Codificación de Resoluciones) que contienen en conjunto más de 830 artículos, y dentro de ellos varios miles de reglas con redacción imprecisa, que norman 32 diferentes tipos de procedimientos. En su mayoría estas reglas están constituidas por excepciones, donde se resalta  el que no hacer,  frente a lo que se debe hacer. Paradójicamente, todo este estricto y complejo sistema de reglas de contratación puede ser objeto de un “by pass”, mediante decisiones políticas discrecionales, entre ellas las emergencias y el giro especifico del negocio.
  • El uso de “resquicios legales” para adjudicar contratos, donde se incluyen Términos de Referencia (TDR) genéricos o específicos, descalificación por forma o fondo, presupuestos referenciales inadecuados, etc. Dependiendo de la decisión de la máxima autoridad de la entidad contratante (o su delegado), un mismo producto o servicio puede contratarse por subasta inversa, por ínfima o por menor cuantía, por cotización, por proveedor único, por emergencia, etc.
  • La baja intervención del SERCOP y de la Contraloría en la supervisión y control de los procesos en las etapas pre contractuales.
  • La desarticulación de las dependencias requirentes con las áreas de compras y financiera: El financiero presupuesta mal algo que no conoce. Contratación define un procedimiento erróneo para comprar algo que no entiende. Y los que requieren, conocen y necesitan, no reciben lo que pidieron.
  • Y finalmente, la inseguridad jurídica que genera el SERCOP al haber dejado de publicar en el Registro Oficial las resoluciones que modifican las reglas de contratación.

Al observar los últimos 50 años de la normativa que regula la contratación pública, hemos obtenido los siguientes datos:

  • La Ley de licitaciones de 1965 – 1974 tenía 41 artículos
  • La Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas de 1974 – 1976 tenía 50 artículos
  • La Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas de 1976 – 1990 tenía 58 artículos
  • La Ley de Contratación Pública de 1990 – 2001 tenía 122 artículos (crea los Comités de Contrataciones, incorpora procedimientos precontractuales, agrega la adquisición y alquiler de bienes inmuebles, tipos de garantías,  reajuste de precios, contratos complementarios y resolución de controversias)
  • La Codificación de la Ley de Contratación Pública de 2001 – 2008 tenía 112 artículos
  • La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) de 2008 – 2018 tiene 108 artículos, que han sido afectados por 78 reformas introducidas en nueve diferentes fechas.
  • El Reglamento a la LOSNCP 2009 – 2018 tiene 163 artículos que han sido afectados por 45 reformas introducidas en 14 diferentes fechas.
  • El SERCOP, desde el 12 de agosto de 2008 ha emitido 186 Resoluciones, de las cuales solamente 96 se encuentran publicadas el el Registro Oficial.
  • El 31 de agosto de 2016 (ante la complejidad e incertidumbre sobre la vigencia de las resoluciones publicadas y las no publicadas) el SERCOP pone en vigencia una Codificación de sus Resoluciones, sin que este documento haya sido publicado en el Registro Oficial. La Codificación contiene 560 artículos, de los cuales 120 han sido afectados por reformas.
  • El 20 de marzo de 2017 se expide la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, que reforma 14 artículos de la LOSNCP, introduciendo normas ajenas a la contratación, como declaratorias de utilidad pública, expropiaciones, reavaluos de inmuebles, contribuciones por mejoras, etc.

Antes de 2000, las relaciones contractuales entre las entidades públicas y los proveedores estaban reguladas por Ley; y las controversias eran resueltas por la Contraloría y la Función Judicial. Existían menos de 100 reglas para contratación, y cada entidad disponía de su propio comité de contrataciones, donde se definían los procedimientos contractuales de acuerdo a la ley.

SERCOP

A partir del 2008, con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) se crea el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), integrado por las instituciones y organismos públicos que ejercen funciones en materia de presupuestos, planificación, control, y contratación pública. El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) se posiciona como ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP)

SERCOP

En este modelo se incorporaron miles de reglas a los procesos, pero sin embargo se disminuyeron los controles pre contractuales y se diluyeron las responsabilidades.

La disponibilidad de acceso público ex-post a los expedientes digitalizados de cada contratación no garantiza que dichos procesos se hayan realizado correctamente, y que se hayan cumplido las [miles de] reglas.

Sin importar lo que digan las leyes y los reglamentos, los funcionarios de las entidades públicas han encontrado singulares resquicios legales para contratar bienes y servicios con los proveedores que ellos quieren, utilizando -entre otras-, el “escalamiento”, que opera declarando desiertos ciertos procedimientos para obligar a optar por otro; o las técnicas de “empapelamiento”, que consiste en conformar comités y comisiones, cuyas actas resolutivas -de un cuerpo colegiado- contienen informes del informe del informe, tornando difícil y compleja la identificación de los responsables en la toma de decisiones. Sin embargo se difunde que los procesos son  “transparentes”, ya que todas las actas e informes están publicados.

En el Art. 9 de la LOSNCP se definen 11 objetivos para la contratación pública:

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo;
2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales;
3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública;
4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional;
5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;
6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;
7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento;
8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos seccionales;
9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado;
10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto público; y,
11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP.

Evalúe usted, estimado lector, ¿cuántos de estos 11 objetivos se han cumplido?.

¿Hay soluciones para mejorar el modelo? Claro que sí.

Pero es imprescindible para corregir los errores, la clara identificación de las falacias que justifican el modelo:

  • El otorgar privilegios a determinados sectores, mejora su competitividad.
  • El sector público es el mayor dinamizador de la economía.
  • Las regulaciones complejas mejoran el comportamiento de las personas.
  • Los productos y servicios ofertados son “homologables”.
  • El sector público debe comprar siempre lo más barato.

Una vez reemplazados los paradigmas en el imaginario de la alta dirección del SERCOP, la siguiente tarea consistiría en una radical simplificación de los procesos, que reutilice en forma eficiente los recursos existentes, enfatizando en la expedición de una nueva normativa: simple, clara, y precisa; y promulgada en el Registro Oficial para garantizar la seguridad jurídica.

Urge redefinir el rol del SERCOP en la supervisión de las etapas pre contractuales, para que actúe como una instancia administrativa con capacidad para resolver en forma rápida y efectiva los incidentes, reclamos e irregularidades que se producen en los procesos de compras públicas.

El actual catálogo general de bienes y servicios disponibles, que se encuentra asociado al registro del RUP, y que es fuente de arbitrariedades, direccionamientos, y posibles actos colusorios, debe ser reemplazado a la brevedad posible (con el concurso de expertos en la construcción de catálogos taxonómicos).

La potestad de “homologación” de bienes y servicios debe entregarse a una entidad técnica, autónoma y especializada, sacándola de las competencias del comprador.

Leonardo Hernández Walker, MBA, MPA.

 

El colapso del IESS en el año 2021 ¿inevitable?

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La crisis del IESS es una noticia cíclica, que dura un par de semanas en los medios y que luego desaparece para renacer con el siguiente escándalo. Pero lo que mas nos sorprende, es que los 3,5 millones de afiliados y jubilados no conocen, no entienden o no le interesa el problema, dejando que un minusculo grupo de individuos con poder político pero con escaso conocimiento técnico, decidan sobre las condiciones en las que deberán afrontar la vejez.

El IESS extrae mensualmente y en forma automática alrededor del 20% de los ingresos brutos de mas de 3 millones de trabajadores formales (Transitoria 16ª de la Ley de Seguridad Social). A cambio de ese enorme aporte obligatorio, promete otorgarles al cabo de 35 años, una pensión mensual indeterminada, y atención de salud cuando se la requiera.

Por la condición legal de obligatoriedad de afiliación, el IESS es un monopolio con ingresos asegurados. El trabajador medio está impedido de elegir otras alternativas. A dichas opciones solo pueden acceder quienes disponen de muy altos ingresos, que les permiten ahorrar o invertir simultáneamente en otras actividades y contratar seguros de salud privados.

La inmensa mayoría de afiliados debe soportar el temor y la incertidumbre. Sin opción alguna de poder conocer, opinar y decidir sobre la administración y destino de los significativos recursos que mensualmente le extraen; e ignorando en qué condiciones tendrán que afrontar la vejez, ya que el monto de la pensión a recibir dependerá de las decisiones económicas, administrativas, coyunturales y políticas de los administradores de turno, sin importar lo que la ley diga.

Durante las pasadas décadas, el IESS transitó por recurrentes situaciones de crisis,  llegando a estar incluso al borde de la insolvencia. Sin embargo, a partir del año 2007 se produjeron varios hechos que mejoraron sustancialmente su situación financiera, y por ende su sostenibilidad en el largo plazo:

Aciertos

 1.- La tipificación penal de la no afiliación de trabajadores por parte de los patronos, (art. 243 y 244 del COIP) cuyos antecedentes son el Mandato 8 y la consulta popular de mayo de 2011, que consiguió la duplicación del número de afiliados, pasando de 1.5 millones a 3.1 millones.

2.- El incremento sustancial de los ingresos por contribuciones, como efecto del aumento de los salarios y el número de afiliados.

3.- La incorporación de tecnología informática como eje de la gestión, que facilitó la recaudación e introdujo controles de evasión.

4.- La creación del BIESS como banca de inversión, hipotecaria, quirografaria y financiera.

5.- La adopción de un modelo de capitalización colectiva, como mecanismo y fuente de financiamiento de las pensiones.

Estos eventos permitieron duplicar el número de afiliados y multiplicar la recaudación, lográndose la constitución efectiva de un fondo de ahorro previsional, que pasó de US$ 300 millones el año 2001, a US$ 9.000 millones el año 2015.

De este modo, comenzó a funcionar de manera eficiente el incremento sostenido del fondo de ahorro previsional, al recibir y capitalizar los intereses producto de las inversiones realizadas por el BIESS (préstamos hipotecarios y quirografarios, acciones, y papeles de deuda pública).

El sistema de pensiones del IESS del 2015 estaba en el camino idóneo para lograr un equilibrio financiero, ya que se disponía de los mecanismos para afrontar las actuales y futuras obligaciones de pago de jubilaciones, cuyos recursos  se obtenían de los ingresos corrientes mas el rendimiento (intereses) que genera el fondo de ahorro previsional, a los que se sumaba la aportación del Estado al 40% de las jubilaciones.

Sin embargo, esta coyuntural situación que prometía una futura estabilidad del sistema previsional -y por ende una relativa seguridad de los afiliados de obtener una jubilación decente-, se ha convertido actualmente en una historia de terror, en la que los actores involucrados no midieron los efectos a largo plazo de las decisiones erróneas que se introdujeron al sistema:

Errores

1.- El otorgamiento de servicios de salud a los familiares del afiliado (más de 3 millones de personas adicionales), que saturó la atención en las precarias instalaciones del IESS, obligando a invertir en la ampliación de la cobertura hospitalaria, con una indiscriminada multiplicación del gasto en salud, sin tener para ello el suficiente financiamiento.

2.- Al quedar desfinanciados los servicios de salud, se procedió a extraer recursos del sistema de pensiones, disminuyendo el fondo de ahorro capitalizable para jubilación.

3.- Se “mensualizaron” los aportes al fondo de reserva, eliminando su acumulación en el IESS y la generación de intereses.

4.- Se bajó el porcentaje del fondo de cesantía en un 30%, lo que redujo sustancialmente su capitalización y por ende el monto acumulado.

5.- Se intentó -aparentemente- eliminar de la contabilidad el registro de la deuda estatal por servicios de salud otorgados por enfermedades catastróficas, que  desfinanciaría aún más el presupuesto de salud.

6.- Por último, y como estocada final, en abril de 2015 se eliminó el aporte estatal del 40% al pago de las pensiones jubilares, que desmonta completamente el incipiente y promisorio modelo de capitalización colectiva.

Al estar el IESS bajo el mando del ejecutivo, estas acciones respondieron por un lado a un discurso muy poco acertado que, inopinadamente puso en manos de los afiliados “plata de bolsillo” mensualizando los fondos de reserva.

Sin ningún sustento financiero se amplió la cobertura de salud a los familiares del afiliado en forma gratuita; esto es, generó la obligación de atender la salud de un total de 6.5 millones de personas, lo que acabó finalmente en una “metida de mano” al fondo previsional para cubrir el déficit. Todo ello a costo de los afiliados.

Por otro lado, y en presencia de la crisis fiscal, se utilizaron artimañas para evitar o eliminar la transferencia de recursos económicos del Estado al IESS establecidos en la ley. En un caso, la aparente adulteración de los registros contables. Y en otro -con la ayuda de la mayoría de la Asamblea Legislativa- la eliminación del aporte estatal del 40% a las jubilaciones.

De acuerdo con las proyecciones de ingresos y egresos anuales por concepto de pensiones, el IESS está consumiendo aceleradamente los recursos que fueron correctamente acumulados en el fondo de pensiones: De los US$ 9.000 millones acumulados en el fondo de pensiones al 2015, a octubre de 2017 estos habían bajado a USD 7.773 millones. A este ritmo, el fondo terminará agotado el año 2021, y los actuales y futuros jubilados del IESS pasarán de facto a ser pensionistas del Estado, por obra y gracia de una absurda reforma introducida en la ley del IESS por la Ley de Justicia Laboral del 20 de abril 2015, que desconoce el carácter contributivo en el que se sustenta el funcionamiento y la cobertura del IESS.

Ley de Seguridad Social, 2001

Art. 237.- FINANCIAMIENTO.- En todos los casos comprendidos en este Capítulo, el IESS cubrirá el sesenta por ciento (60%) de la pensión respectiva, y el Estado continuará financiando obligatoriamente el cuarenta por ciento (40%) restante; pero, en cualquier circunstancia, el IESS otorgará la prestación completa.

Ley de Seguridad Social, 2015

“Art. 237.- Financiamiento.- El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, independientemente de su situación laboral (sic).

El Estado Central (sic) será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social (sic) únicamente cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (sic) no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y del régimen especial del Seguro Social Campesino.

En este caso, se deberá incorporar en el Presupuesto General del Estado los recursos respectivos, aún sobre otros gastos.”  Artículo sustituido por artículo 68.1 de Ley No 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 483 de 20 de abril del 2015.

¿Cuál será el escenario en el 2021? Hay dos, según el actuario Rodrigo Ibarra: “que no se pague completa la pensión, porque lo que aportan los afiliados no alcanza; o que el Estado -a través del presupuesto- le asigne al IESS lo que haga falta. La situación financiera del IESS es dramática. La idea no es alarmar a la población, pero lo cierto es que en un futuro ya no habrá una pensión pagada por el IESS, sino que el Estado tendrá que hacerse cargo”. Ver: elcomercio.com

Los modelos previsionales conocidos desde el siglo XIX, (Bismark, Beveridge, AFP) han demostrado tener fallas que se manifiestan dramáticamente después de varias décadas de funcionamiento, pero afortunadamente nos permiten aprender de los errores:

  • El modelo “pay as you go” de Bismarck (1883) colapsó por los efectos de la inversión  de la pirámide demográfica, y hubo que reformular todas sus variables.
  • El modelo “estado de bienestar” o “universal” de Beveridge (1946) tuvo que ser reformado en Europa y Canadá por la misma razón.
  • El modelo de AFP (1980) o de “capitalización en cuenta individual” (matemáticamente perfecto e independiente de las variables demográficas) se enfrentó a la realidad de las condiciones laborales de Argentina y Chile.

El IESS actualmente tiene 6,2 afiliados por 1 jubilado -relación que es inferior al requisito de 7:1 imprescindible para mantener un flujo que financie un modelo de reparto, por ello el monto de las contribuciones de los afiliados hoy no son suficientes para pagar jubilaciones. Y esa proporción demográfica bajará a 3,8:1 en el año 2055, haciendo que ese modelo sea completamente inviable para los futuros jubilados. Ver: Los números mágicos del IESS

Un modelo de “seguridad social universal” no contributivo es viable en países con un ingreso per capita superior a US$ 30.000; pero es inviable en nuestro país, con un ingreso per capita de US$ 5.900.

Por ello un modelo de capitalización colectiva, que mediante un fondo de acumulación obtiene intereses capitalizables, es una opción financieramente sostenible y socialmente aceptable, ya que corrige los errores del modelo de capitalización individual (AFP). Y es el modelo que se estuvo aplicando hasta el año 2015 con buenos resultados, medidos en el sustancial incremento del fondo previsional, cuyo superávit fue objeto de asalto.

Las acciones tomadas los últimos años desbarataron ese modelo. El fondo de ahorro previsional está cayendo en picada y se agotará el 2021. Resultados previsibles: No más préstamos hipotecarios ni quirografarios; y los actuales y futuros jubilados convertidos en pensionistas del Estado, quienes recibirán lo que el gobierno de turno pueda o quiera pagar.

Hay soluciones. Pero se deben decidir y aplicar de inmediato, para evitar las impredecibles consecuencias en el corto y mediano plazo:

  • Reformar el Art. 237 de la Ley de Seguridad Social, restaurando el aporte estatal del 40% de las jubilaciones.
  • Eliminar la “mensualización” de los fondos de reserva
  • Tarifar la atención de salud de los familiares de los afiliados mediante el incremento del porcentaje de aportación acorde al número de dependientes.

La rapidez en la toma de decisiones para corregir errores es crucial. Ya hemos sufrido los dramáticos efectos no planeados de una ley que en menos de dos años paralizó la actividad inmobiliaria, mandando a la desocupación a cientos de miles de personas.

Esta vez, la inmobilidad, la indolencia, y la indecisión, puede afectar drásticamente la economía de mas de 3,5 millones de actuales y futuros pensionistas y sus familias.

Leonardo Hernández Walker, MBA, MPA

La Legislación Informal en el 2017

informalidad

En noviembre de 1990, el Dr. Luis Hidalgo López escribía en su libro “La Legislación Informal en Ecuador” lo siguiente:

“No puede sostenerse en la época actual que las reglas del juego de la sociedad civil se encuentran sistematizadas y son conocidas; ni siquiera puede afirmarse que son perfectamente conocidas por los profesionales del Derecho.

El desconocimiento de la legislación tiene como causas entre otras, el enorme volumen de normas legales o jurídicas, la gran variedad de los órganos legisladores, la omisión o falta de publicación y divulgación y la gran cantidad de reformas expresas y tácitas que producen una superposición de las normas legales en forma cronológica, todas referidas al mismo tema, sin poder conocerse a ciencia cierta cuál es la aplicable a casos concretos con garantía de acierto y sin discusión.”

Sus conclusiones se basaron en un trabajo de registro y catalogación del universo legal ecuatoriano, que a 1990 estaba constituido por aproximadamente 90 Mil actos administrativos y normativos.

¿Qué ha sucedido 27 años después de que Luis Hidalgo nos advirtiera de las consecuencias de esta informalidad legislativa?

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El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana entra en vigencia

seguridad

El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público entra en vigencia el 18 de diciembre del 2017.

Este nuevo cuerpo normativo está estructurado en cuatro libros:

1. Primer Libro: referente a la Policía Nacional, plantea una institución de carácter civil, profesional y altamente especializada.

2. Segundo Libro: dispone la creación de un Sistema Especializado Integral de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

3. Tercer Libro: dispone la creación del Servicio de Protección Pública, una entidad civil que protegerá al Presidente/a de la República y otras autoridades del Estado.

4. Cuarto Libro: norma las competencias, grados, carrera, ingreso, formación, ascensos y sanciones de miembros de entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

 

Accede al documento completo aquí:

Codigo de las Entidades de Seguridad Ciudadana